Adiós al Greenwashing y productos aparentemente «ECO»
Durante años hemos presenciado cómo numerosos productos y empresas se han aprovechado de etiquetas “eco”, “ecológico”, “natural” o “biodegradable”, directamente para vender más o aparentar ser sostenibles ¡esto ha terminado!
La Unión Europea ha llegado a un acuerdo provisional para que se termine el «lavado verde», el afamado greenwashing. Esta nueva normativa se enfoca en proteger a los consumidores y promover una transición ecológica más real.
La norma prohíbe la publicidad engañosa amparada en el greenwashing y ofrece a los consumidores una mejor información sobre los productos
Las nuevas regulaciones prohíben afirmaciones ambientales falsas, incluyendo reclamos sobre carbono neutral y amigables con el medio ambiente sin pruebas verificables.
La nueva ley se centra en prohibir el blanqueo ecológico y la publicidad engañosa. Esto significa que los productos y empresas que quieran utilizar estos términos deberán cumplir con unos requisitos estrictos. Pero… ¿Cuáles son los objetivos principales?
- Protección del Consumidor: Garantizar que las afirmaciones ambientales sean justas y fiables.
- Transparencia: Mejorar la claridad en la información proporcionada a los consumidores.
- Sostenibilidad: Fomentar el consumo y la producción sostenible.
El acuerdo, actualiza la lista comunitaria de prácticas comerciales prohibidas y añade varios hábitos de comercialización problemáticos relacionados con el «lavado verde» y la obsolescencia prematura de los productos… ¿Qué se prohibirá?
- Afirmaciones basadas en compensación de emisiones: Reclamos basados en esquemas de compensación de emisiones que indican que un producto tiene un impacto neutral, reducido o positivo en el medio ambiente.
- Reclamos ambientales genéricos: Frases como «amigable con el medio ambiente», «natural», «biodegradable» o «eco», no podrán ser utilizadas sin certificaciones ambientales reconocidas.
- Afirmaciones de durabilidad: Las afirmaciones en términos de tiempo de uso o intensidad bajo condiciones normales, si no están comprobadas.
- Comunicaciones comerciales sobre durabilidad limitada: Comunicaciones comerciales sobre un bien con una característica que limita su durabilidad, especialmente si hay información disponible sobre la característica y sus efectos en la durabilidad.
- Inducción a la sustitución prematura de consumibles: Inducir al consumidor a reemplazar consumibles, como cartuchos de tinta de impresora, antes de lo estrictamente necesario.
- Actualizaciones de software innecesarias: Presentar las actualizaciones de software como necesarias, incluso si solo mejoran características de funcionalidad, en lugar de ser esenciales.
- Etiquetas de sostenibilidad no certificadas: Etiquetas de sostenibilidad no basadas en esquemas de certificación aprobados o establecidos por autoridades públicas.
- Presentación engañosa sobre reparabilidad: Presentar bienes como reparables cuando, de hecho, no lo son.
Esta ley es una gran noticia para los consumidores, ya que les permitirá tomar decisiones informadas sobre sus compras. También es una señal importante de que la Unión Europea está comprometida con la protección del medio ambiente.
Pronto, cuando veamos un producto con la etiqueta de «eco» o «biodegradable», podremos estar seguros de que realmente cumple con los requisitos para proteger nuestro planeta.
Esto nos permitirá elegir productos y empresas que realmente están comprometidos con la sustentabilidad o sostenibilidad, y contribuir así a proteger el medio ambiente.
Los eurodiputados insistieron en hacer más visible la información sobre la garantía, ya que muchas personas desconocen que todos los bienes gozan de al menos dos años de garantía en la UE.
Hacer más visible la información que los bienes en venta de la UE tienen al menos dos años de garantía
La Comisión también se encargará de diseñar una nueva etiqueta para los productores que deseen destacar la calidad de sus bienes ampliando gratuitamente el periodo de garantía.
Entonces… ¿Cuándo se aprobará definitivamente? Para convertirse en ley, la directiva debe recibir ahora la aprobación final del Consejo. Después, será publicada en el Diario Oficial. Y los Estados miembros tendrán un plazo de 24 meses para integrar en sus respectivos marcos jurídicos nacionales.
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