La administración pública y su obligación ante la adquisición de edificios energéticos
Dar ejemplo es una necesidad que debemos percibir los ciudadanos y desde las administraciones públicas españolas podemos reconocer que están faltos de iniciativa ante el cumplimiento de la Directiva Europea de Eficiencia Energética 2012/27/UE.
Tras la presentación del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 de España y la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación sufrimos el pertinente “cachete” desde la Unión Europea con la apertura de un proceso judicial por no cumplir y trasponer de forma adecuada la normativa europea en eficiencia energética (Cabe indicar que otros 23 países están en la misma situación) . Ante esta tesitura, que posiblemente provoque un desembolso económico que posiblemente no podremos evaluar ni reconocer los ciudadanos, indudablemente la Administración tienen que actuar.
Esta semana se ha publicado la nueva Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa (BOE nº 226 de 17/09/2014) donde entre muchas otras cuestiones se requiere que las administraciones deberán adquirir bienes, servicios y edificios con un alto rendimiento energético en cumplimiento de la Directiva Europea y por seguimiento de la hoja de ruta del Plan y Estrategia anteriormente citados.
¿Qué nos cuenta la Nueva Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público ante los edificios energéticamente eficientes?
Disposición adicional decimotercera. Eficiencia energética en las adquisiciones de las Administraciones Públicas integradas en el Sector Público Estatal.
1. Las Administraciones Públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que pertenezcan al Sector Público Estatal, solamente podrán adquirir bienes, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, en la medida que ello sea coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido más amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente, según lo indicado en el Anexo de esta Ley.
La obligación establecida en el párrafo anterior será aplicable a los contratos de suministro, de servicios y de obras cuyo resultado sea la construcción de un edificio, siempre que tales contratos sean de un valor estimado igual o superior a los umbrales de los contratos que determinan la sujeción a una regulación armonizada establecidos en los artículos 14, 15 y 16 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente, será aplicable a la adquisición o arrendamiento de edificios.
2. La obligación a que se refiere el apartado 1 será aplicable a los contratos de las Fuerzas Armadas únicamente en la medida que su aplicación no dé lugar a conflicto alguno con su naturaleza y con los objetivos básicos de sus actividades. La obligación no se aplicará a los contratos de suministro de equipo militar, entendiendo por tal el equipo específicamente diseñado o adaptado para fines militares destinado a ser utilizado como armas, municiones o material de guerra, cuya contratación está regulada en la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y seguridad.
3. Por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se impulsarán actuaciones encaminadas a conseguir que por las distintas entidades del sector público autonómico y local se adquieran bienes, servicios y edificios con alto rendimiento energético.
Igualmente, por los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y de Hacienda y Administraciones Públicas, se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para facilitar que los órganos de contratación, en las licitaciones para contratos de servicios con una componente energética importante, puedan evaluar la posibilidad de celebrar contratos de rendimiento energético a largo plazo que permitan valorar el ahorro energético computado en el periodo total de duración del contrato. A estos efectos facilitarán a los órganos de contratación mediante la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, herramientas metodológicas para realizar la evaluación así como modelos de contrato y cláusulas administrativas de contenido jurídico que deban contener los pliegos que rijan la licitación de este tipo de contratos.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, al adquirir un paquete de productos a los que se aplique, en su conjunto, un acto delegado adoptado en virtud de la Directiva 2010/30/UE, las Administraciones Públicas a las que se refiere esta Disposición podrán exigir que la eficiencia energética agregada tenga primacía sobre la eficiencia energética de los productos de ese paquete considerados por separado, adquiriendo el paquete de productos que cumpla el criterio de pertenencia a la clase de eficiencia energética más alta.
Mediante el artículo anterior de la nueva Ley se incorpora al ordenamiento jurídico interno el artículo 6 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE y se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.
En este punto quiero mostrar un inciso para ver la opinión del lector, si nos dirigimos al artículo 6 de la Directiva Europea (Siguiente imagen):
Si revisamos puntualmente el Punto 1, párrafo 2, en ambos casos, desde la nueva ley española se ha incorporado una modificación un poco susceptible de provocar controversia, una coletilla a la frase siguiente… «obligación establecida en el párrafo anterior será aplicable a los contratos de suministro, de servicios y de obras CUYO RESULTADO SEA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO» … Dando la sensación que desde la UE la aplicación es genérica, a todo tipo de edificios y desde España la aplicación es acotada, a la adquisición de edificios nuevos. Lo dejo caer!
El ANEXO que hace referencia la nueva Ley 15/2014, de 16 de septiembre es:
Requisitos de eficiencia energética para la adquisición de bienes, servicios y edificios por las Administraciones Públicas Centrales (Solo añado lo referente a edificios)
[…]
f) Adquirir solamente edificios o suscribir nuevos contratos de arrendamiento que cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética, fijados en cada momento por la normativa interna, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4 y 5 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
En tanto no se modifique la regulación vigente que en esta materia incluye el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y sus modificaciones ulteriores, la calificación exigible a los edificios de uso administrativo a que se refiere este anexo será:
- Clase C para el indicador de demanda energética de calefacción.
- Clase C para el indicador de demanda energética de refrigeración.
- Clase C para el indicador de consumo de energía primaria no renovable.
A estos efectos el , regulados en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
No resultará de aplicación lo dispuesto en los párrafos precedentes cuando la finalidad de la adquisición o arrendamiento sea:
– La renovación en profundidad o la demolición del edificio.
– La devolución del edificio al tráfico jurídico, sin ser ocupado por las Administraciones Públicas a las que se refiere el presente anexo.
– Preservarlo como edificio protegido oficialmente o como parte de un entorno declarado protegido oficialmente, o por razones de su particular valor arquitectónico o histórico.
